En la actualidad, la delincuencia organizada es la máxima expresión de criminalidad. En esencia, ese fenómeno criminal supone la existencia de organizaciones ilícitas destinadas, única y exclusivamente, a cometer delitos especialmente graves como aquellos vinculados al narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y el lavado de activos, cuyos efectos corrosivos erosionan las bases de la sociedad, tanto a nivel nacional como internacional.

En líneas generales, con independencia de la diversidad de emprendimientos que la caracterizan a ese fenómeno, siempre se trata de actividades criminales sistematizadas que representan uno de los mayores flagelos para la vida en sociedad y para la vigencia del estado de derecho, en la medida en que se encuentran íntimamente relacionados a la extorsión, la violencia, la desigualdad social, la prostitución de las autoridades públicas y los atentados masivos contra la ciudadanía en general.

Del desprecio por la vida humana y la integridad sexual, estas organizaciones hicieron un culto y, sobre esa base, consolidaron una industria criminal que afecta a millones de personas en cada rincón del mundo. En efecto, el eje de la actividad es la explotación y la utilización de personas (en su mayoría, niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables), con una sola finalidad: el enriquecimiento desmedido de sus integrantes sin ningún tipo de escrúpulos.

Esas actividades rememoran viejas y despreciables prácticas que hoy en día se manifiestan de distintas formas. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI y la narco criminalidad y la corrupción institucionalizada, con similares matices, es un poder corporativo que explota a los marginales. En todos los casos nos encontramos ante los negocios más rentables de todo el mundo.

Esa ostensible rentabilidad, trae aparejadas otras consecuencias extremadamente lesivas: la corrupción de funcionarios públicos y el lavado de activos como prácticas inherentes a la criminalidad organizada. Es un negocio que no puede prosperar sin la complicidad estatal y sin la posibilidad de reinvertir o gozar el producido económico de la actividad. De hecho, la organización criminal adquiere su verdadera operatividad cuando logra afectar la estructura de ejercicio de la autoridad, influenciar el sistema y corromper la actuación de sus servidores, mientras que el lavado de dinero es la única vía para que sus integrantes puedan gozar de las ganancias del emprendimiento.

Sin lugar a duda, ese conjunto de actividades ha encontrado su auge en la actualidad, en un contexto altamente globalizado. De hecho, los avances tecnológicos, la expansión de los mercados financieros y la proliferación del comercio internacional a escalas antes inusitadas, como así también la asidua interacción entre personas, profesionales, empresas, instituciones financieras, Estados y organizaciones internacionales, crearon condiciones extraordinarias para el desarrollo de comportamientos irregulares, las cuales obviamente fueron aprovechadas por las organizaciones criminales de mayor envergadura adoptando la forma de empresa para extender sus actividades a nivel global y, sin excepción, a todos los países del mundo.

En ese contexto, la delincuencia organizada también entabla una comunión prácticamente indisoluble con los delitos de cuello blanco. En efecto, la naturaleza económica de las maniobras, la calidad profesional de sus intervinientes y su pertenencia a un sector de la actividad económica, como factores característicos del white collar crime, se entremezclan necesariamente con las actividades de la criminalidad organizada, conformando lo que se denomina “criminalidad económica organizada”: esto es, un ámbito en el cual la gran delincuencia convive con otras formas de criminalidad de forma indisoluble.

En ese marco cobran relevancia otros delitos de significativa complejidad, como aquéllos vinculados a los ilícitos tributarios y aduaneros y a la cibercriminalidad. De igual manera, la utilización de personas jurídicas para llevar a cabo las actividades de la delincuencia organizada e ilícitos como los antes indicados (en todos los casos, de marcada complejidad) motivaron la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas.

La complejidad de las maniobras evidencia la ineficacia de los medios tradicionales de investigación y la necesidad de implementar nuevas técnicas que se adapten a las nuevas realidades. Sin embargo, tanto los mecanismos de lucha contra el crimen organizado y la delincuencia económica como la política criminal adoptada en ese sentido traen aparejadas discusiones en torno al respeto de los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Por eso, en el curso se propone un análisis integral de la delincuencia organizada y de los delitos complejos, en relativo a sus aspectos sociológicos, criminológicos, penales y procesales, en lo que actualmente es el máximo desafío para la comunidad internacional en su prevención, persecución y sanción.

Objetivos

El objetivo del curso es que quienes decidan cursarlo adquiera conocimientos específicos de la industria de la delincuencia organizada, por parte de abogados y funcionarios públicos especializados en cada uno de los fenómenos delictivos que componen a esa forma de criminalidad: narcotráfico, trata de personas y corrupción, entre otros.

Esos conocimientos se extienden a cuestiones empíricas respecto a cómo operan las organizaciones criminales, como así también a cuestiones dogmáticas en cuanto a la tipificación de los delitos y a instrumentos procesales para prevenir, perseguir y sancionar esas conductas.