Presentación

La carrera de abogacía ciertamente no es ajena a la identidad de la Universidad del Museo Social Argentino que constituye el entorno organizacional en el que se inserta e integra junto con los restantes componentes formativos y cuya cultura académica comparte.

Se apoya en una concepción personalista y solidaria que contempla al ser humano como centro de gravitación del derecho y que, en armonía con el nombre de la Casa (Museo “Social” Argentino), tiene en cuenta la dimensión social de las personas (su condición de zoon politikón) en aras de concretar la esencia pluralista del Bien Común.

Al respecto, no es un dato a ignorar que la Universidad del Museo Social Argentino se inspira en su fundación en el Museo Social de París, institución que fuera denominada “la antecámara” de la Asamblea Legislativa francesa. Esto último, en tanto en el seno del Musée Social de Paris, situado a poca distancia de Cámara Baja francesa[1], fueron perfilados numerosos proyectos de leyes sociales durante la tercera república francesa.

La carrera de abogacía se endereza a lograr en el educando una formación científica y jurídica de excelencia y al propio tiempo, a través de las materias y seminarios orientados a la praxis jurídica, facilitar su inserción profesional y laboral brindándole herramientas y ámbitos en los que puede aplicar y ejercitar los conocimientos teóricos.

Por otra parte, permite que el estudiante pueda armonizar su trabajo, si se encuentra en una relación laboral, con el cursado de la carrera en tanto ofrece una gran variedad de horarios distribuidos en tres turnos para este; por cierto, también resulta inestimable a estos efectos, la ubicación geográfica de la universidad, muy cerca de los tribunales y en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La carrera cuenta con un claustro docente de profesionales del más alto nivel que acreditan no solo trayectoria científica y actualización permanente, sino también experiencia en los diversos campos de ejercicio de la profesión del derecho; en el aludido cuerpo docente confluyen destacados profesionales del ejercicio liberal independiente así como referentes de lo público o estatal, que han transitado por las diversas funciones del poder en las diversas jurisdicciones, con especial referencia a las ramas ejecutiva, judicial y legislativa.

Pero en un mundo jurídico de complejidad creciente y altamente globalizado y comunicado, la mirada comparatista deviene un imperativo profesional. En ese marco, la carrera de abogacía pretende abrir al alumnado, “ventanas” y posibilidades efectivas para poner en perspectiva a los institutos jurídicos vernáculos y confrontar sus regulaciones y soluciones jurídicas, para establecer, en definitiva, un “diálogo” jurídico de fuentes, de regímenes y culturas diferentes y de interlocutores que interactúan permanentemente, traspasando las fronteras o impactando desde afuera sobre los actos, relaciones y negocios jurídicos locales.

La adquisición de esta visión comparatista —que amplía exponencialmente, el relacionamiento profesional del egresado— se ve facilitada en nuestra carrera de derecho por la posibilidad de intercambios, tanto de alumnos como de profesores, a través de relaciones y convenios anudados con prestigiosas facultades e instituciones del exterior. Y apalancada desde lo idiomático por otras áreas con competencia específica, también pertenecientes a la universidad, que proporcionan el auxilio lingüístico imprescindible para esta interacción.

Finalmente, la carrera de abogacía implica una formación “a medida humana” por su marcada impronta personalizadora que toma en cuenta las fortalezas y eventuales dificultades del alumno y por la proximidad de las autoridades, profesores y personal que acompañan el proceso formativo.

Este acompañamiento no culmina con el egreso del educando; se proyecta sobre su condición de graduado, a través de una oferta amplia de cursos de formación profesional o continua que todo matriculado en derecho hoy requiere; y por cierto, también, en la posibilidad de integrarlo a través de la carrera docente en el claustro docente o en actividades académicas de extensión y transferencia.

Perfil del Graduado

Formado en los principios básicos del Derecho y vinculado a otros campos de las Ciencias Sociales, el graduado de Abogacía de UMSA, desarrolla tareas en el área jurídica de instituciones públicas, privadas, nacionales y extranjeras. Se perfila como un profesional capacitado para prevenir y solucionar conflictos económicos y sociales; idóneo para honrar el ideal de justicia, contribuir a la interpretación de la legislación y servir a la mejor administración del país.

Identidad Profesional sustentada en:

• Valores éticos para el ejercicio profesional y el desarrollo de acciones individuales.
• El reconocimiento y respeto de los principios y valores del Derecho para el afianzamiento de la justicia, los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, del individuo y la comunidad.
• Una rigurosa formación tanto teórica como práctica para el ejercicio de su rol y quehacer profesional.
• El compromiso con la defensa del Estado de Derecho conforme los contenidos de la Constitución Nacional y el orden jurídico nacional, regional e internacional.
• Una actitud crítica y reflexiva orientada al proceso de desarrollo de conocimiento jurídico y también al proceso de intervención profesional en los distintos campos del derecho.

Alcance del Título

• Prestar asistencia jurídica a toda persona física o jurídica que lo requiera, cuando estén involucradas decisiones de riesgo directo sobre personas o bienes, tanto en sede judicial como extrajudicial.
• Patrocinar y representar a las partes (incluido el Estado en sus diversos niveles y formas de organización) en procedimientos administrativos, contravencionales, judiciales o arbitrales, sean voluntarios o contenciosos.
• Ejercer la función jurisdiccional en sede judicial y administrativa.
• Emitir dictámenes e informes jurídicos.
• Realizar los procesos de sindicatura en sociedades.

Salida Laboral

• Prestar asistencia jurídica a toda persona física o jurídica que lo requiera, cuando estén involucradas decisiones de riesgo directo sobre personas o bienes, tanto en sede judicial como extrajudicial.
• Patrocinar y representar a las partes (incluido el Estado en sus diversos niveles y formas de organización) en procedimientos administrativos, contravencionales, judiciales o arbitrales, sean voluntarios o contenciosos.
• Ejercer la función jurisdiccional en sede judicial y administrativa.
• Emitir dictámenes e informes jurídicos.
• Realizar los procesos de sindicatura en sociedades.