Objetivos

Las manifestaciones criminales en la sociedad de las tecnologías ofrecen un nuevo desafío al Derecho penal y obligan al diseño de una política criminal eficiente para prevenir y sancionar los llamados “ciberdelitos”. La Convención de Budapest sobre Cibercriminalidad (2001) representa el hito normativo a nivel internacional en el marco de la estrategia global en la regulación de los delitos cometidos en las redes y la necesidad de elaborar criterios conjuntos que permitan una lucha organizada contra la criminalidad informática. La estrategia fijada en el citado convenio consta de tres aspectos esenciales: la cooperación policial y judicial, la armonización de las leyes penales para evitar la anomia o una deficiente regulación que termine por frustrar los fines político-criminales establecidos en la convención, y la necesidad de regular en las leyes procesales las particularidades de la evidencia digital. A todo ello se suma la aplicación de la inteligencia artificial y el uso de algoritmos en la vida cotidiana y, en especial, la posibilidad de extender su implementación al mundo jurídico. Nuestro país reguló de manera progresiva los delitos cibernéticos mediante sucesivas reformas hasta la ratificación del convenio de Budapest mediante la ley 27.411. Esa nueva dimensión tecnológica que se traduce en la práctica con el uso habitual de dispositivos electrónicos que permiten una comunicación más fluida y online, sin necesidad de molestos intermediarios, la capacidad de almacenamiento, tratamiento y transmisión de datos personales en servidores instalados en distintas partes del planeta que permiten construir una red mundial de comunicación, al mismo tiempo de potenciar con su uso abusivo delitos como la difusión o distribución de pornografía infantil, sexting, revenge porn, grooming, estafas o sabotajes informáticos, entre otras manifestaciones delictivas que obligan a las autoridades a la adopción de medidas preventivas y sanciones disuasivas contra esa criminalidad del siglo XXI. El panorama descripto necesariamente conduce a la obligación de actualizar los conocimientos teóricos y prácticos de los abogados, operadores judiciales en todos sus niveles, peritos y demás profesionales que están estrechamente vinculados con esa realidad circundante. No en vano hoy en día se conceptualizó el término “nativo digital” para representar esa realidad tecnológica y la progresiva dependencia de la Humanidad en la construcción de una dimensión comunicacional sin precedentes.

Brindar los medios teóricos y prácticos necesarios que permitan al profesional identificar los principales problemas que presentan la prevención y la sanción de los delitos cometidos en las redes y que atentan contra su integridad, funcionalidad y confidencialidad.

Analizar de manera particularizada de qué manera influye la cibercriminalidad en el sentido y el alcance de cada una de las categorías de la teoría del delito. En especial, la necesidad de descubrir a partir de un análisis de los principales tipos penales regulados en la ley cuáles son los intereses jurídico-penales en juego y el déficit que se evidencia en su actual regulación. Comprender la necesidad político-criminal de elaborar bienes penalmente tutelados a la par de los clásicos ya regulados como la intimidad, la autodeterminación sexual, la propiedad, la fe pública, entre otros.

Comparar los sistemas penales actuales en materia de regulación de ciberdelitos, subrayar sus fortalezas y debilidades frente a delitos de naturaleza transnacional que no reconocen fronteras geográficas o políticas. El anonimato, el uso de perfiles falsos, la aplicación de la inteligencia artificial en la prevención de delitos, en la investigación forense y los modelos predictivos que auguran una nueva forma de administrar justicia, pero al mismo tiempo se erigen como potenciales elementos disruptivos en el ámbito de la vigencia de las garantías judiciales.

A partir de ese nuevo desafío, identificar los problemas relacionados con los principios, derechos y garantías en el proceso penal, laboral y civil que plantea las conductas disociales en el mundo cibernético. La afectación del honor, el derecho a la imagen, la propiedad, la indemnidad sexual de los menores de edad frente al abuso y la explotación económica de menores de edad, el derecho al olvido y la regulación de la responsabilidad emergente de los prestadores de servicios de internet, los responsables de los motores de búsqueda (Google, Yahoo!, entre otros) constituye integra uno de los objetivos más ambiciosos en esta temática.

Sobre esto último, analizar las ventajas y desventajas que se presentan en la necesidad de elaborar criterios de imputación para responsabilizar a las empresas en la construcción del mundo tecnológico. Se pondrá especial énfasis en señalar y explicar las distintas alternativas vigentes en el marco de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, analizando y confrontando los modelos de imputación vigente. Asimismo, se ofrecerá al interesado una visión alternativa desde la teoría de la participación criminal y sus categorías principales que permitan superar los escollos teóricos y procesales en la investigación forense.

La identificación de los principales problemas constitucionales, penales, procesales, técnicos en la investigación de los delitos cibernéticos le permitirá al interesado poder abordar de manera integral las posibles soluciones a tan complejos desafíos, gracias a la participación de los distintos operadores judiciales y técnicos informáticos que integran el cuerpo docente.

Destinatarios

Graduados de universidades nacionales y extranjeras de carreras de un mínimo de cuatro (4) años y 2600 horas reloj.

Poseer título de grado universitario.